A finales del siglo XIX Eugenio Álvarez Gómez, entonces Consejero de Agricultura de la Junta de Extremadura, me encargaba una Historia de La Casa del Pueblo de Calamonte -aún los historiadores de la Memoria Histórica se estaban formando-. Por mis padres, desde muy pequeño, yo tenía una idea muy sincera y real de los sucesos en que se habían visto envueltos los hombres de esta organización socialista calamonteña; incluso mi madre me comentó en cierta ocasión que ninguno de sus miembros había hecho nada para merecer la muerte -si alguno la merece por algo-.
Y leyendo los papeles del Ayuntamiento de Calamonte observé cómo denunciando al contrario como malversador de fondos se mortificaba entonces a algunos políticos por parte de otros políticos que le seguían en el cargo.
Cuando me comentó Pepe la faena hecha a Maximiliano Macías creí que su malversación podía formar parte de una estrategia perfectamente pergeñeda y bien cumplimentada para aplicar a los últimos ¡¡¡colaboradores¡¡¡ de la República en su período de izquierdas.
En realidad la acusación de malversación de fondos públicos, de una perversión suma, le proporcionaba al acusado una muerte menos honorable pero no tan aparatosa como el fusilamiento; así Maximiliano Macías recibió la muerte civil, también la "eutanasia", no por garrote vil sino por vil acuse de recibo como ladrón.
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